Claves del pacto PSOE-Junts en materia migratoria más allá de la polémica por el catalán

El acuerdo PSOE-Junts para el traspaso de competencias estatales de migración a la Generalitat cambia los responsables hasta ahora del control migratorio en Catalunya. Los Mossos d'Esquadra cogen protagonismo en las fronteras, a pesar de que la gestión será coordinada con la Policía Nacional y la Guardia Civil; el Govern catalán gestionará las devoluciones de extranjeros, así como el CIE de la Zona Franca de Barcelona; y abre la puerta a que el catalán sea un requisito para obtener el permiso de residencia si así se legisla una vez esté aprobada la proposición de ley acordada.

La delegación de competencias permitirá que Catalunya pueda desarrollar un "modelo propio" y una "política integral" de migración. ¿En que se traducirá exactamente? El acuerdo plantea muchas preguntas. Algunas tienen respuesta, pero todavía hay muchas incógnitas abiertas que tienen que ver sobre todo con los ámbitos de actuación. ¿Qué podrá hacer la Generalitat que hasta ahora no podía hacer?

¿Qué dice la ley del catalán? ¿Será un requisito para conseguir la residencia en Catalunya?

Para Junts, uno de los puntos claves de la delegación de las competencias de migración es la lengua. El expresident y líder de los postconvergentes, Carles Puigdemont, defendía el martes que el conocimiento del catalán tiene que ser un "elemento indispensable" para conseguir un "informe favorable" para obtener el permiso de residencia: "Sin integración no hay nación"

Ahora bien, la ley orgánica registrada en el Congreso de los Diputados no hace ninguna concreción sobre esta cuestión ni afirma explícitamente que el catalán sea un requisito para obtener el permiso de residencia, que ahora estará en manos de la Generalitat. A pesar de esto, el texto apunta que el fenómeno migratorio tiene un impacto "para la lengua catalana" y recuerda como el Estatut reconoce el catalán como "lengua propia" de Catalunya, así como la necesidad de saber catalán para integrarse.

Concretamente, el texto menciona que las facultades delegadas en Catalunya "se ejercerán en los términos consignados en el capítulo III del título Y de la Ley Orgánica 6/2006, del 19 de julio, del Estatut de autonomía de Catalunya", que comprende los derechos y deberes lingüísticos y la opción garantizada de los ciudadanos de emplear el catalán.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha defendido este miércoles en Catalunya Ràdio que el conocimiento del catalán sea uno de los requisitos para acreditar el arraigo. En este sentido, ha instado al presidente Salvador Illa a destinar recursos en este ámbito. Junts ya ha advertido que activarán iniciativas legislativas para desplegar esta delegación de competencias.

Turull pone sobre la mesa la vía que, dentro del ejercicio de la delegación de competencias en la gestión migratoria a la Generalitat, permitiría en el Parlament poner como requisito el catalán para otorgar permisos de residencia (NIE y TIE). "El TJUE ha sentenciado hace poco a favor de Holanda que para que a una persona se le dé el permiso de residencia tiene que saber los idiomas del país", afirma el secretario general de Junts.

Los informes para demostrar arraigo son habituales en los países de la Unión Europea, incluido el Estado español, a la hora de tramitar este tipo de permisos, e incluyen aspectos como tener domicilio estable, familia y también los conocimientos lingüísticos del lugar donde se quiere residir

El objetivo del partido de Puigdemont, según fuentes de Junts, seria frenar la fuerte caída del conocimiento del catalán entre la ciudadanía catalana por la llegada, los últimos años, de un número elevado de personas migradas fuera de la edad escolar que no tienen acceso al aprendizaje de la lengua.

Desde colectivos de migrantes como la Plataforma Top Manta se ha denunciado la falta de cursos de catalán para migrantes. "Ahora tenemos una nueva herramienta pero desde la Generalitat se puede optimizar actuando con mentalidad de estado o no hacerlo si la mentalidad es de delegación del Gobierno español", señala Turull en una critica al actual Govern socialista.

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, no ha querido profundizar en si el conocimiento del catalán será un requisito para obtener permisos de residencia o de trabajo en una entrevista en Catalunya Ràdio, pero ha afirmado que la norma aplicará "la legislación vigente" en materia lingüística y que el conocimiento de la lengua "es un instrumento importante para la inclusión”.

Entidades y organizaciones de defensa de la migración, como Tanquem els CIE, entre otras, creen que el catalán es una lengua que se tiene que defender, pero que si se quiere imponer como un requisito, las instituciones tienen que poner las herramientas necesarias. Las entidades piden que el Consorcio de Política Lingüística ponga en marcha cursos con suficientes plazas para aprender catalán, en la línea de lo que pide Top Manta.

Una exigencia que también comparten desde ERC y que, según fuentes del partido republicano, "trabajaremos para que la delegación de competencias en migración se utilicen adecuadamente y con voluntad integradora". Sobre el catalán, desde ERC apuntan que "hacen falta todas las herramientas para asegurar la pervivencia de la lengua catalana con un uso social lo más mayoritariamente posible, tanto en el ámbito migratorio como en cualquier otro".

Mientras desde el Govern del PSC se limitan a valorar positivamente el incremento competencial para la Generalitat y aseguran que se creará un grupo de trabajo para abordar "con toda garantía" la delegación de competencias.

¿Qué se pide actualmente?

La ley de extranjería establece que para obtener un informe de arraigo hay que conocer la lengua del territorio. Por lo tanto, actualmente ya hay que acreditar conocimientos de catalán y castellano (y el aranés en el caso de la Vall d’Aran). Se puede acreditar de dos maneras: un certificado de formación de un curso de mínimo 45 horas o una entrevista oral.

Este paso es obligatorio para obtener el informe de esfuerzo e integración para el arraigo social, que tramita la Generalitat desde el 2012, a través del Departament de Derechos Sociales e Inclusión. Una vez aprobado, este informe sirve para iniciar otros trámites que lleva a cabo el Estado como: la obtención del informe para la autorización por arraigo del permiso de residencia, la renovación de la autorización de residencia temporal, la adquisición y la nacionalidad por residencia o el acceso al mercado de trabajo.

¿La Generalitat dará los permisos de residencia y la expedición del NIE?

Sí. Según la ley, la Generalitat será la administración que a partir de ahora ejecutará los permisos de residencia, tanto temporales como de larga duración, y la expedición de los números de identificación de extranjeros (NIE), cosa que hasta ahora hacía el Estado.

"Se delega a la comunidad autónoma la ejecución de la normativa del Estado en materia de iniciación, instrucción y notificación de la resolución de las solicitudes, presentadas ante los órganos competentes, de las autorizaciones de residencia temporal", explica la norma.

En cuanto a la expedición de los NIE, la norma también sitúa la Generalitat como la competente para expedir estas identificaciones para que los recién llegados puedan estudiar o trabajar aquí.

¿Quién asumirá las competencias en el control de las fronteras?

Los Mossos d'Esquadra, pero con matices. Habrá más presencia de los Mossos pero en colaboración con las fuerzas de seguridad españolas, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil: "Los Mossos, como policía integral, actuarán en los lugares habilitados para el acceso de personas extranjeras en puertos y aeropuertos, en colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad", desarrolla el texto.

¿Habrá más Mossos a puertos y aeropuertos?

Sí. El texto destaca que "se delega en la comunidad autónoma de Catalunya, a través de los Mossos d'Esquadra como policía integral, las facultades de garantizar [...] el orden, la seguridad ciudadana y la prevención e investigación de actos delictivos en puertos y aeropuertos". Asimismo, los Mossos d'Esquadra "ejercerán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia de las víctimas de tráfico y explotación de seres humanos". Una competencia, ésta última, hasta ahora de la Policía Nacional.

Para asumir estas competencias, se incrementará el número de Mossos d'Esquadra en Catalunya en 1.800 efectivos, hasta conseguir la cifra total de 26.800 agentes el 2032. Esto supone ampliar el acuerdo de la semana pasada de llegar a los 25.000 agentes el 2030.

¿La Generalitat podrá expulsar migrantes?

Sí, pero también con matices. La Generalitat podrá gestionar las devoluciones y repatriaciones que no requieran la tramitación de un expediente de expulsión. Según se lee en el acuerdo, los Mossos podrán devolver extranjeros que cuenten con una prohibición de entrada y, por lo tanto, negarles el ingreso en el territorio.

Sobre las expulsiones que requieren expediente, es decir, aquellas que se inician a personas que han cometido delitos o que se encuentran en una situación irregular, la Generalitat podrá formular y presentar una propuesta de expulsión, pero la decisión final seguirá siendo del Estado.

Ahora bien, se tendrá en cuenta una valoración previa de la Junta de Seguridad de Catalunya, donde están representados todos los cuerpos de seguridad, el Gobierno español y el Govern catalán. Eso sí, presidida por el presidente de la Generalitat.

¿Quién gestionará los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) a partir de ahora?

La Generalitat, y de manera integral. Hasta ahora, el único CIE que hay en Catalunya, que es el de la Zona Franca de Barcelona, estaba gestionado por la Policía Nacional. A partir de ahora, pasará a manos de la Generalitat, y por lo tanto, de los Mossos d'Esquadra. Puigdemont dijo que los CIE necesitan un "replanteamiento" total porque no son humanamente dignos. Los CIE son unos centros donde se interna a los extranjeros que están pendientes de que se ejecute su devolución o expulsión.

¿Qué más asume la Generalitat en materia de migración?

El establecimiento de la previsión anual de las ocupaciones y la gestión de las contrataciones al país de origen en función. Por lo tanto, a partir de ahora será la Generalitat, junto con empresas y sindicatos, la que designará las "necesidades de mano de obra de Catalunya" y establecerá una lista de ocupaciones "prioritarias".