Un tercio del coste de ejecución de la vivienda va para pagar impuestos

Aseguró Sanz que el Ayuntamiento de Sevilla está aplicando bonificaciones fiscales que ayudan a reducir los costes finales de la vivienda protegida, con reducciones del 95% en el IBI y el ICIO de las de alquiler o el 50% del IBI en las de venta, pero también que no llegan a ser suficientes. Por ello, anunció el inicio de una campaña para «proponer nuevas medidas fiscales a otras administraciones» que tienen más competencias. El objetivo es que se pueda bajar el precio de la vivienda «entre un 25 y un 30 por ciento», con acciones concretas como la reducción del IVA de la vivienda, ayudas a la compra o al pago de intereses hipotecarios, además de la reducción del impuesto de sociedades o a la recuperación de las desgravaciones fiscales.

Al margen de esta reclamación, el alcalde volvió a presumir de que Sevilla es «la segunda ciudad de España, sólo por detrás de Madrid, en la que se está construyendo más vivienda protegida». Lo hizo dando a conocer datos del plan 'Sevilla para vivir' que presentó en campaña de las municipales y que está ejecutando desde su llegada a la Alcaldía. Un «plan de choque» con el que construir 4.600 viviendas protegidas en cuatro años, de las que 1.511 corresponden a Emvisesa. «Esto supone una inversión de 250 millones de los que 165 los pone el Ayuntamiento y el resto son de fondos europeos».

En el Ayuntamiento de Sevilla quieren que este frenesí municipal de la vivienda les ayude a llegar de nuevo al objetivo de «los 700.000 habitantes» empadronados en la capital hispalense, aunque para ello necesiten conseguir un auténtico récord en materia de ejecución. El alcalde aseguró que, para alcanzar esta meta, «necesitamos coger el ritmo de construir unas 1.000 viviendas protegidas anuales durante las próximas dos décadas».